LAS TUNAS, Cuba. — “El desastre cívico, decente, político y crematístico que vivimos los cubanos hoy, tiene su origen en el crimen de lesa humanidad cometido contra la nación cubana desde los abriles 30 del siglo pasado, influenciado por el comunismo internacional”, afirmamos en El comunismo en Cuba: apuntes de un crimen, recién publicado en este sitio.

Y la compañía Biden se convertiría en cómplice de ese delito de lesa humanidad que ya por más de medio siglo sufre el pueblo cubano si, seducida por encantadores de una supuesta “empresa privada”, permite créditos bancarios estadounidenses al Estado cubano a través de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sobre las que el régimen totalitario ha derivado concesiones en el comercio interno y de servicios con un doble propósito:

1. Eximir al Estado de la carga que significa una abultada plantilla dedicada al comercio interior, la prestación de servicios y la comercialización de fondos insuficientemente abastecidos por la emplazamiento “empresa estatal socialista”, nomina subido a cientos de miles de trabajadores que, autofinanciándose, no dejan de permanecer bajo el control de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), o de la Asociación Doméstico de Agricultores Pequeños (ANAP).
2. Camuflar las Mipymes que en ingenuidad forman parte de la capital del Estado totalitario, como empresas “privadas”, para soslayar el requisa de Estados Unidos, cuando sabido es que en ingenuidad, muchos de estos negocios son arrendadores o usufructuarios de fondos del Estado, y absolutamente todos, pagan impuestos al régimen y acatan sus ordenes mediante un control y una dirección centralizados de la capital.

Criminales directos unos, encubridores del crimen otros y lerdos por conveniencias algunos; luego, por omisión, además conniventes de un delito de lesa humanidad contra la nación cubana resultan todos, cubanos y extranjeros, quienes como cabilderos o negociantes por estos días buscan créditos y fracturar el requisa estadounidense al régimen castrocomunista, afirmando que en Cuba existe propiedad privada, genuina, sin intervención del Estado totalitario.

Pero quienes por influencia criminal o negligencia dolosa hacen esa afirmación aviesa, como agentes de influencia del régimen o por motivos de provecho, más que ideólogos comunistas o comerciantes, como personas, debían entender que, en ingenuidad, son vendedores del alma de la nación cubana; y, por alma doméstico, tanto los criminales y sus cómplices como los que miran a Cuba consumirse en silencio —que además es una forma de complicidad— debían entender que no hay derecho de propiedad cuando el derecho natural e imprescriptible de toda persona a la franqueza, la propiedad privada, la seguridad ciudadana y el derecho de resistor a la opresión, son intervenidos o criminalizados por el Estado.

Si la franqueza consiste en poder hacer todo lo que no dañe a nuestros semejantes, la franqueza de las personas no tiene otros límites que el daño al margen, a lo al margen, teniendo lo particular ese término, que es una frontera para todos por igual, determinada por la ley, que debe ser expresión doméstico, ciudadana, y no utensilio de coerción social, jurídica, económica y política de un exclusivo partido monopolista, como es el Partido Comunista de Cuba (PCC), autoerigido “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, a cuyos comisarios, encabezados por el mismo Díaz-Canel, los vemos recorrer campos y ciudades, palabreros, pero admisiblemente sabemos que tras los discursos, los aplausos y las sonrisas, se enmascara la férula del Estado totalitario.

Y es la propia Constitución de 2019, que hizo promulgar el PCC asistido por una supuesta “sociedad civil”, la que no deja motivo a dudas y se distancia de la fingida propiedad privada que los cabilderos del régimen en Washington y los usufructuarios de las mipymes en Cuba, peyorativamente ya llamados por algunos “mipimeros”, defienden como una capital emergente, cuando no es tal, sino la “nueva creación” del PCC para mantenerse en el poder.

El artículo 18 de la Constitución dice: “En la República de Cuba rige un sistema de capital socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la capital, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad.”

Respecto a la dirección de la capital el artículo 19 de la propia Constitución afirma: “El Estado dirige, regula y controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad.” Y referente a las formas de propiedad, el artículo 22 se pronuncia claramente en su inciso d) cuando conceptúa que la propiedad privada en Cuba tiene “un papel complementario en la capital”.

Como admisiblemente sabemos, por la error de alimentos, o el precio exorbitante de los artículos de primera requisito tanto en las mipymes “privadas” como en las tiendas estatales en MLC, la carencia de viviendas, medicinas, fondos y servicios entre los que se encuentran las carreteras, calles, transporte y demás infraestructura pública, que el llamado constitucional dice “en beneficio de la sociedad”, es un sofisma, otro discurso del PCC, como no caben dudas del monopolio estatal, no sólo sobre la capital, sino sobre todo el quehacer humano en Cuba, donde para perpetuarse en el poder, el castrocomunismo expropió la empresa privada actual, para hacer una empresa privada ficticia, valga sostener, sumisa.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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