MIAMI, Estados Unidos. – La Estructura de las Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a poner en el punto de mira al régimen cubano por sus violaciones de los derechos humanos y laborales, especialmente en lo que respecta a sus profesionales médicos desplegados en “misiones internacionales”. La cargo asimismo implica a países receptores como Italia, Catar y España.

Una carta fechada el 2 de noviembre de 2023, dirigida a la representación cubana en presencia de el Consejo de Derechos Humanos, fue escrita por Tomoya Obokata, relator singular sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud. Obokata advierte sobre la persistencia de patrones que se asemejan a “trabajo forzoso”, tal como lo definen los indicadores de la Estructura Internacional del Trabajo (OIT).

El documentación menciona acusaciones continuas basadas en testimonios de cubanos exportados y disección de convenios y contratos, destacando “numerosas violaciones de derechos humanos básicos”. El relator singular enfatiza la importancia y el valencia de la cooperación médica cubana a nivel internacional, pero resalta preocupaciones sobre violaciones de derechos fundamentales como la intimidad, autodeterminación de expresión, asociación y circulación.

Las “misiones” cubanas, que incluyen profesionales de diversas áreas como médicos, docentes, ingenieros, y artistas, entre otros, son descritas como situaciones de explotación gremial en los países de destino. El documentación señala salarios inadecuados, confiscación de pasaportes, restricciones de movimiento y vigilancia por agentes del Gobierno cubano, así como casos de acoso o violencia sexual, amenazas y violencia física.

Encima, el relator singular expone la desidia de monotonía en los contratos laborales, con algunas personas no recibiendo contratos y otras sujetas a condiciones desfavorables. Estas condiciones incluyen bajos salarios, la subrogación a la reglamento cubana en el extranjero, falsificación de contratos y restricciones personales severas.

Obokata recuerda que, según el nuevo Código Penal cubano, renunciar estas “misiones” o no regresar a la Isla al finalizarlas puede conllevar sanciones de hasta ocho abriles de prisión. Esto, subraya, tiene un impacto pesimista en el bienestar de los niños y familias, exacerbado por restricciones de delirio impuestas a los familiares de los trabajadores en el extranjero.

El relator singular asimismo señala acuerdos específicos con países como Italia, Catar y España, donde se evidencian prácticas cuestionables. Por ejemplo, en Italia, bajo un acuerdo con la provincia de Calabria, la mayoría del salario pactado para médicos cubanos es transferido directamente al Gobierno cubano, dejando a los profesionales con ingresos insuficientes. Situaciones similares se describen en Catar y España, donde los trabajadores están sujetos a condiciones precarias y explotativas.

En respuesta a estos señalamientos, la Encomienda Permanente de Cuba en presencia de el Consejo de Derechos Humanos ha torpe la aplicación de presiones o represalias a quienes eligen no participar en estas misiones. Sin requisa, Obokata sostiene que muchos profesionales se ven obligados a participar correcto a la coacción del régimen cubano y factores como la pobreza y la limitada disponibilidad de empleo en la Isla.

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