LA HABANA, Cuba. — A lo generoso del martirio que ha sufrido el pueblo cubano durante los últimos 64 abriles, hemos trillado arbitrariedades de todo tipo perpetradas por el gobierno castrista. Entre esos atropellos descuellan los que de un modo u otro se relacionan con la establecimiento de honestidad (y conste que le doy ese nombre sólo porque es el mundialmente aceptado, y correcto a que de algún modo hay que llamarla).

Desde el aparición mismo del mes de enero de 1959, que presenció la trepa al poder de los barbudos, dieron inicio los llamados “juicios revolucionarios”. En ellos, guerrilleros huérfanos de cualquier conocimiento forense, designados al objetivo por los autoproclamados nuevos jefes, se constituían en tribunal para procesar a personeros del régimen caído, quienes eran procesados sin garantías de ningún tipo.

Se trató de un feroz ajuste de cuentas en el cual, so pretexto de “hacer honestidad”, lo que primó fue la persecución, la venganza y el propósito (que se cumplió con tremenda efectividad) de instilar en el pueblo una idea que, pese a su crueldad, a su carácter despiadado, resultaba sencilla y clara: que los enfrentados al “Gobierno Revolucionario” podían contar con ir a detener al fatídico paredón de fusilamientos o, si tenían suerte, a una prisión inmunda en la que pasarían sus decenios de inexperiencia.

Y conste que sé y reconozco que, entre los que fueron juzgados en aquellos meses iniciales, no faltaron algunos que habían perpetrado asesinatos u otros crímenes horribles al servicio del batistato. Lo que sucede es que los principales responsables de aquellos atropellos del régimen depuesto habían conseguido huir con éxito al extranjero. Quedaron solo algunos subordinados a los que les tocó satisfacer por los desaguisados de los fugitivos.

Con el paso del tiempo, la represión (y su rostro más horrendo: el paredón) fueron destinados a todo el que se enfrentara al nuevo régimen. Esto postrero fue catalogado como el peor de los crímenes, ¡y ello bajo un gobierno que llegó al poder con promesas de licencia, democracia y restablecimiento de los derechos fundamentales proclamados en la Constitución de 1940!, pero que en efectividad cerró todo cauce admitido para cualquiera que se opusiese a las políticas oficialistas.

En un momento determinado, se extinguieron los terribles “tribunales revolucionarios”, pero sus funciones fueron asumidas por las llamadas salas de delitos contra la Seguridad del Estado que se constituyeron en el seno de algunos de los tribunales provinciales. Se trataba de “el mismo perro con diferente collar”; aunque hay que asegurar que en esas salas políticas, los jueces (no los legos, pero sí los profesionales) son graduados en derecho. ¡Pero para lo que les sirve!…

Estas amargas reflexiones vienen al caso ahora cuando el régimen castrocomunista ha inaugurado una nueva modalidad represiva: Este jueves 7 entró en vigor la Resolución número 19 de 2023, dictada por la Jefa de la Dirección Universal de Investigación Criminal del MININT (Tarea del Interior). La nueva disposición contiene una arbitraria relación de personas y organizaciones que, de hecho (y como si estuviésemos en tiempos de la fatídica Revolución Francesa), han sido colocadas “fuera de la ley”.

Y es por esta última razón que afirmo que el castrismo ha inaugurado una nueva modalidad represiva: hasta ahora, los instructores e investigadores del mismo MININT urdían los expedientes contra los acusados de turno; los fiscales de la Seguridad del Estado formulaban la cargo; y luego los jueces (en ocasiones sobre la almohadilla de las declaraciones de un solo informante: el instructor del caso) dictaban la sentencia condenatoria. Pero ahora, los casos de los compatriotas que aparecen en la “relación negra” elaborada por la primera coronel Moraima Bravet Garófalo (que así se fogata la directora caudillo del MININT), ese orden (no importa cuán ficticio y improcedente él sea) ha sido subvertido. Los “agraciados”, sin tener sido sometidos a seso ni tener contado con la pequeño posibilidad de defensa, han sido incluidos en la “Repertorio Franquista de Terroristas”.

En las líneas finales de la citada ordenamiento se asegura que existen “instrumentos probatorios debidamente documentados, que satisfacen los criterios de designación definidos en las normas internacionales y nacionales mencionadas en esta Resolución” (y entre estas últimas aparecen no sólo disposiciones cubanas como el Código Penal, el Decreto-Ley 317 o la Resolución 16 del Ministro del Interior, sino todavía la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU).

Es asegurar: ¡que se invocan no solo normas redactadas a su inalterable finura por los burócratas comunistas, sino que se pretende convertir en cómplice del nuevo atropello a la Estructura de las Naciones Unidas! Sí, porque eso (y no otra cosa) es lo que significa invocar la referida Resolución 1373 (que versa sobre “la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financiamiento”), pero interpretándola, ¡claro!, “a la castrocomunista”.

Porque es el caso que, de guisa absolutamente arbitraria, en la espuria “Repertorio Franquista de Terroristas”, en virtud de la Resolución 19, han sido incluidos blogueros, influencers, periodistas y líderes de movimientos políticos pacíficos. Se tráfico de personas que proclaman, sí, su enfrentamiento al comunismo antillano, pero que lo hacen en el demarcación de las ideas y la no violencia.

Creo que la respuesta mejor a esta nueva arbitrariedad castrocomunista la dio uno de los incluidos en la “relación negra”, quien, refiriéndose al nuevo orden, profirió con ese fin una expresión que resulta francamente lapidaria: “Me lo pongo de medalla”.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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